Por Melina Pekholtz*
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Hace un año, el 24 y 25 de diciembre de 2020, a partir de unas explosiones de pirotecnia en el sector este del asentamiento de la Chacarita, área colindante al edificio del antiguo Cabildo, comenzó un incendio que, facilitado por la precariedad de los materiales de construcción utilizados en las viviendas, arrasó con los hogares de más de 75 familias.
“Eran las 23:10 horas del 24 de diciembre cuando un mita´í de 14 años aproximadamente, comenzó a explotar unas bombas. En quince minutos el fuego ya llegó a 15 de agosto (calle lateral donde terminaba el asentamiento) y así se quemaron todas nuestras cosas.”
Francisca Brizuela (habitante de la comunidad, 67 años)
“En media hora el fuego arrasó con las viviendas y todo lo que teníamos. Esto era un barrio, un mundo, una forma de subsistir de todos nosotros”.
Francisco Pesoa (líder de la Comunidad, 38 años)
En los días siguientes al incendio, muchas familias tuvieron ofertas por parte de las instituciones para instalarse en viviendas ubicadas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción) y algunas incluso, más allá. Como los puestos de trabajo y/o fuentes de ingreso de un 90% de las personas se encuentran en las inmediaciones del área afectada, era de esperar que la mayoría las rechace (97% de las familias).
Fue a partir de esto que un 82% de la población se instaló de manera “transitoria” en la plaza, en dónde las autoridades de las instituciones responsables de la vivienda y el hábitat y demás instituciones encargadas de los espacios públicos urbanos, habían mencionado en un primer momento que esta situación momentánea se solucionaría en uno o dos meses, cumpliéndose en este momento un año del episodio en la misma situación que se suponía efímera.
Si bien las condiciones materiales que gatillaron el incendio fueron la precariedad de las construcciones y el hacinamiento, resulta ineludible ética y políticamente explicitar que cuestiones como la historia de segregación territorial, el desigual acceso a las políticas públicas y el estigma asignado a la población chacariteña componen su longeva mecha. Dadas estas circunstancias, invisibilizadas e impunes, el riesgo de que esto vuelva a suceder permanece muy presente, ya que las condiciones de estas personas empeoraron en todo sentido y con ello también el espacio público de la ciudad que está degrado.
La política habitacional en Paraguay se orienta hacia la construcción de un Estado Social de Derecho, según establece la Constitución Nacional (Comisión Nacional de Derechos Humanos [CONADEH], s.f.) pero no logra responder integralmente a la problemática de la vivienda en Asunción.
La falta de proyectos que contemplen una integración social y urbana, sumada a la ineficiencia de las instituciones encargadas de dar respuesta a esta problemática y la falta de voluntad para trabajar interinstitucionalmente y con la comunidad, dejan libradas a la autogestión el destino de estas familias.
La desidia como política de Estado: Transformación de la plaza en asentamiento de emergencia.
1 y 4-Fotografías aéreas del lugar | Leonardo Méndez
2-Postal histórica de la costanera. Circa 1950 | Fuente: Imagoteca Milda Rivarola
3-Reconstrucción del asentamiento de emergencia | Juan Carlos Meza
El asentamiento autoconstruido por sus habitantes con los insumos recibidos por parte de la SEN al día siguiente del incendio, tiene como piso el suelo absorbente de la plaza.
Las condiciones sanitarias de tener que compartir los baños químicos, no sólo con la propia comunidad afectada, sino también con los ocupantes itinerantes de la Plaza de Armas , diferentes comunidades indígenas y campesinas que arribaron a Asunción como consecuencia de los atropellos que han venido sufriendo sistemáticamente a lo largo de todo el año, generaron situaciones de riesgo de salubridad, así como también roces sociales entre los habitantes de estas comunidades.
Los accesos al agua están distribuidos en diez puntos diferentes de la Plaza Juan de Salazar, pero como la Plaza de Armas tiene sólo dos, también las comunidades indígenas y campesinas hacen uso de las instalaciones sanitarias que existen en la Plaza Juan de Salazar.
Estas condiciones indignas del hábitat se entrecruzan con las esculturas de bronce de valor patrimonial e histórico, los bancos de plaza, una arboleda exuberante y una fuente de agua vacía de una extensión considerable, que la niños usan como canchita de fútbol y espacio de recreación.
Si bien este es un entorno de alto valor patrimonial, tanto a nivel edilicio (por los edificios circundantes), paisajístico (la arboleda existente, las visuales al río, la altura del lugar), como el entorno artístico del lugar (las esculturas existente en la plaza), no hay rastros de una puesta en valor de la vida de las y los habitantes, situación de suma tensión urbana.
Estamos ante una escenario de doble desprecio: ni las vidas chacariteñas ni el patrimonio histórico con todo su acervo están protegidos. Una indolencia bifronte que alude a una incapacidad técnica, ética y política. La gravedad de todo esto, además de la situación y condición de las personas y el lugar, es la indolencia ante una realidad tan crítica.
Tensiones convivenciales
1-Situación de convivencia en la Plaza Independencia | Archivo personal
2-Personas de la comunidad Ka´a Poty en campamento en la Plaza de Armas | Archivo personal
3-Retrato de Doña Francisca, habitante de la comunidad | Archivo personal
4-Funcionamiento de la peluquería en el banco de la Plaza Independencia | Archivo personal
5-Interior/exterior de una vivienda | Archivo personal
La tensión con el resto de la población se hace patente con el reclamo del espacio común de la plaza, que hoy está tomado.
Hay una preocupación por una parte de la sociedad civil hacia el patrimonio y esto crea una grieta social al momento de posicionarse ante la presencia de la comunidad.
Se plantearon algunas posibilidades de inclusión urbana pero la comunidad está muy estigmatizada y esto dificulta su inserción y degrada aún más su identidad.
A diez días del incendio, la plataforma Asunción Causa Nacional, compuesta por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil, a través de notas a diferentes instituciones encargadas de la vivienda, el hábitat, el espacio público y de situaciones de emergencia, pidió conocer el plan de acción ante estos hechos para poder colaborar con los esfuerzos, pero no hubo respuesta más que el acuse de recibo de dos de ellas (la nota fue enviada más de ocho instituciones)
Las instituciones no están articulando mesas de trabajo que puedan generar una activa participación para poder crear condiciones aptas para una transición territorial consensuada y pactada, a fin de evitar problemas urbanos y sociales que conflictúen aún más la situación.
Si el habitar es una actividad social que confiere a los ciudadanos identidad urbana y por ende los habilita a la política, estas personas más allá de su derecho a la ciudad y a la participación, la desidia a la que está librado su hábitat les impide autoafirmarse y reclamar con visión de sostenibilidad, la gestión de un mejor entorno de vida.
Los conflictos urbanos están irremediablemente unidos a las brechas sociales. El problema habitacional es sólo un aspecto de la problemática.
Mientras la cuestión urbana siga enfocándose en compartimientos estancos, viendo los distintos problemas como acertijos a resolver sin poder percibir y abordar la complejidad con todas sus aristas; social, económica, ecológica, territorial, vivencial, paisajística, afectivas-vinculares, culturales, no estaremos proponiendo soluciones inclusivas, no sólo para las personas, sino para todo el ecosistema y mientras eso no ocurra en ciudades fragmentadas a nivel socio-espacial, los espacios comunes estarán siempre en disputa.
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*Melina Pekholtz es Arquitecta, Máster en Viviendas Colectivas – Especialista en Antropología de la Arquitectura.
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